En los últimos meses, el presidente de la COP, el ministro Sharma, reconoció que una conferencia totalmente inclusiva era requisito previo para el éxito, y se comprometió en repetidas ocasiones a garantizar que la COP26 sería la más inclusiva jamás organizada. ECO está en total sintonía.
La presencia de la sociedad civil y de los pueblos indígenas en las negociaciones es esencial para la legitimidad de los resultados adoptados en la COP. El escrutinio público también es fundamental para cuestionar el status quo y ayudar a las Partes a lograr resultados más ambiciosos. Dadas las enormes lagunas de ambición reconocidas antes de la COP26, está claro que esta presión positiva será más necesaria que nunca para que esta COP logre algún progreso real.
Sin embargo, sin previo aviso, los delegados de sociedad civil y de Pueblos Indígenas se enteraron el primer día de la COP de que unas restricciones sin precedentes limitarán gravemente el acceso de los observadores a las salas de las negociaciones. Durante el segmento de alto nivel, a la sociedad civil se le negó casi por completo el acceso a la sala plenaria, quedando relegada a los cafés y pasillos. Esto hizo que muchos se preguntaran si merecía la pena acudir al centro de conferencias en los próximos días.
Los observadores ni siquiera pudieron acceder a un taller sobre… espere… “transparencia”, a pesar de las garantías, antes mencionadas, de que la participación virtual estaría garantizada. Después de dos años sin reuniones presenciales y antes de que haya comenzado, la COP amenaza con convertirse en una parodia del proceso de la ONU.
Aunque en la última sesión plenaria de anoche se suprimió (¿temporalmente?) el sistema de entrega de entradas, las normas de acceso, tal y como están configuradas actualmente, siguen amenazando el carácter inclusivo y la transparencia de esta COP y, por tanto, ponen en peligro la legitimidad de cualquier resultado negociado.
Traducción: Jean Baptiste Boudot / Centro Humboldt, Nicaragua.