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Declaración de organizaciones Latinoamericanas y Caribeñas en relación a la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en el contexto de la Carta Medioambiental Iberoamericana, Santo Domingo, República Dominicana, 24 y 25 de marzo de 2023

Nosotras y nosotros, representantes  de organizaciones  populares latinoamericanas  y del caribe de mujeres, de negras y negros, de campesinas  y campesinos,  de pueblos  indígenas,  ambientalistas, ecologistas,  religiosas, de comunidades locales y de jóvenes, en el contexto de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana, el 24 y 25 de marzo de 2023, queremos manifestar:

La cumbre iberoamericana  llega en un momento en el que el mundo se estabiliza  después de una pandemia; la disputa hegemónica imperial se ha profundizado favoreciendo  una guerra en Ucrania y amenazas de violencia extrema, que generan una crisis energética y alimentaria sin precedentes.

Millones  de  especies  están  desapareciendo;  crece  la  cantidad  de  personas  desplazadas  por  los extremos climáticos;  nuestra propia extinción está a la vuelta de la esquina. El planeta se incendia, se inunda, se reseca, y todos los seres vivos nos enfrentamos a condiciones incompatibles  con la vida.

En este escenario, vemos con estupor que los países del norte global, principales  emisores de gases de efecto invernadero, no muestran voluntad de cambio ni compromiso real con el freno necesario a este modelo económico que nos ha llevado  a esta crisis climática.

El Grupo intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático  (IPCC),  una vez más, ha expresado que las puertas  de oportunidad  se están  cerrando,  y que nos queda poco  tiempo  para limitar  la temperatura   del  planeta.   Es  urgente  implementar   cambios   en  el  sistema   económico   global, consumista,   capitalista,  patriarcal,   racista   y  extractivista  que  está  destruyendo   los  territorios, poniendo en riesgo el bienestar y futuro de todos los seres vivos.

Los  gobiernos  siguen  amparando  la  acción  de  empresas  que  buscan  el  lucro  a cualquier  costo. Profundizan  la extracción,  el saqueo, el colonialismo,  el racismo, la violencia  sobre los cuerpos,  la sobreexplotación    del   trabajo;   y   prometen   soluciones    falsas,   que   en   realidad   aceleran   la mercantilización  de la vida:

  • No es cierto que eso que llaman agricultura inteligente vaya a salvarnos del hambre. Lo que hace es  envenenar  nuestros  suelos  y  aguas,  deforestar  los  bosques,  despojar  a  las  comunidades rurales de sus territorios,  empobrecer  y enfermar. Necesitamos  alimentos  sanos, y no materia prima industrializable para fabricar comida que enferma o biocombustibles.
  • No  es  cierto  que  la  megaminería  pueda  ser  responsable  en  sus  actividades   de  extracción;envenena el agua y violenta los territorios; necesitamos fuentes de agua limpia, no más oro.
  • Es  mentira  que  las  plantaciones   de  árboles  sean  una  solución   a  las  deforestaciones;  las plantaciones no cumplen las funciones ecológicas de los bosques.

La historia de las negociaciones realizadas a instancias de gobiernos y organismos multilaterales  está marcada por el fracaso y la hipocresía;  han escrito  gran cantidad  de acuerdos con un impacto casi nulo en la realidad. Los gobiernos siguen sin tener voluntad política para poder atender con responsabilidad la urgencia climática.

Denunciamos  la mala orientación  de los  financiamientos  del  Fondo  Verde  que sostienen  a las empresas  y  al  modelo  dominante;  denunciamos  el  endeudamiento  de  los  países  periféricos, porque las deudas que nos obligan  a contraer  no serían necesarias  si los pueblos  contásemos soberanamente  con  nuestras  riquezas.  Denunciamos  el  robo  de  bienes,  inteligencias, conocimientos  y culturas.

Denunciamos  la  criminalización   y  el  asesinato  de  líderes  sociales   y  ambientales  en  todo  el continente.  Denunciamos el acaparamiento de tierras, la creación  de zonas francas, los subsidios evidentes  o encubiertos  hacia  las  empresas.  Y  denunciamos  la  utilización  de  un lenguaje  que plantea el problema desde la perspectiva  de los dueños del Capital.

En este escenario demandamos:

Responsabilidades    comunes   y   diferenciadas;    los   países   desarrollados    son   los   mayores responsables  de esta  crisis.   Basta  de cargar  la responsabilidad  de emisiones   a los  países  en desarrollo que son los más afectados y vulnerables.

Los países industrializados  deben hacer esfuerzos reales, según la recomendación  del IPCC,  para reducir las emisiones al  46%  antes del 2030,  para limitar la temperatura del planeta, dejando de usar las energías sucias (petróleo, gas, nuclear, carbón).

Es urgente fomentar la transición  energética,  sin caer en el juego del CERO NETO; Rechazamos la aplicación de soluciones falsas en el uso de tecnologías para captura del carbono. Demandamos operativizar  los recursos  prometidos  desde la COP15 (Copenhague)  en 2009;    los 100  mil millones de dólares para los países vulnerables  para que puedan implementar sus planes climáticos,  como también seguir aumentando esta cifra en los próximos años.

Hacemos  un llamado y reflexión  a los países iberoamericanos,  en cuanto  a que la persona que liderará la agenda climática para la COP 28 está ligada a las corporaciones  de combustibles  fósiles. Esto constituye  un claro conflicto de intereses, inaceptable dada la gravedad de la crisis global.

Demandamos  medidas  reales  que  frenen  el  avance  de  todas  las  formas  de  producción   que destruyen  el ambiente. Especialmente  a frenar la deforestación,  los monocultivos  de soja, maíz, arroz, palma aceitera, eucaliptos, y la producción no sostenible de carne. Demandamos una agenda por la justicia climática  orientada hacia un cambio del actual sistema y a la vigencia de los derechos humanos.

Llamamos a los gobiernos a no continuar con la compulsiva firma y ampliación de tratados comerciales  neocoloniales  que favorecen  el extractivismo,  la vulneración  de derechos humanos y la pérdida de soberanía en los territorios de América Latina y el Caribe.

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